La Paz, Baja California Sur. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional presentó una denuncia para impugnar la elección del Poder Judicial realizada el 1 de junio de este año, argumentando una serie de irregularidades en el proceso en todo el país. Según el partido, estas anomalías impactaron de forma sustancial los resultados de los comicios.
En ese sentido, Fabrizio del Castillo Miranda, presidente del PRI en Baja California Sur (BCS), expresó que uno de los principales señalamientos es la baja participación ciudadana, que apenas alcanzó el 13 %, considerada una de las más reducidas en la historia reciente.
Además, comentó que más de 10 millones de votos fueron contabilizados como nulos por razones como boletas en blanco, mal llenadas o con múltiples marcas, lo que, a juicio del PRI, refleja el rechazo de la ciudadanía hacia este proceso electoral.
Asimismo, Castillo Miranda dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó más de 3.7 millones de votos por causas como participación atípica, votos idénticos o boletas sin doblez. Estas inconsistencias se registraron en 818 casillas, lo que equivale a casi el 1 % del total instalado a nivel nacional. También se detectaron comportamientos anómalos, como casillas en las que el 100 % de los votos fueron a favor de un solo aspirante.
Entre las irregularidades más graves, el PRI destaca que los resultados coincidieron hasta en un 85 % con los llamados «acordeones» repartidos previamente por funcionarios, lo que sugiere una fuerte injerencia del oficialismo y pone en entredicho la legitimidad del proceso.
De igual manera, casos extraordinarios refuerzan esta denuncia, como el de una casilla en Pátzcuaro, Michoacán, que reportó 770 votos cuando sólo había 754 personas registradas, y otra en Tonalá, Chiapas, donde se registró una participación del 102 %, una cifra matemáticamente imposible. En Chiapas, además, se concentró el 70 % de las casillas anuladas en todo el país.
Finalmente, sostiene que la elección carece de legitimidad ciudadana y debe ser invalidada, al considerar que México merece un Poder Judicial elegido de forma legal y auténtica.
