La Paz, Baja California Sur.- En rueda de prensa, los diputados Maricela Pineda García, Daniela Viviana Rubio Avilés, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Perla Guadalupe Flores Leyva, Rigoberto Murillo Aguilar, Lorenia Lineth Montaño Ruiz y José Luis Perpuli Drew aseguraron que están a favor del proyecto de la planta desaladora para Cabo San Lucas. Sin embargo, el problema legal que existe al interior del Congreso de Baja California Sur complica la realización de este proyecto.
Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Encuentro Social (PES), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Humanista aseguraron que este proyecto no es nuevo ya que se empezó a tramitar en la pasada administración municipal pero no se logró culminar la autorización del proyecto.
“Luego, en la presente administración municipal y federal se actualizan los costos y alcances del proyecto, y la Secretaría de Hacienda solicitó nuevamente que el Congreso del estado aprobara la autorización del proyecto de construcción de una planta desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo, que abastezca por un plazo de hasta veinticinco años de agua en bloque mediante la desalación de agua de mar a la ciudad de Cabo San Lucas”, dijeron los diputados en rueda de prensa.
Ante el riesgo de que dicho proyecto no se realice, los diputados antes mencionados denunciaron “la irresponsabilidad de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT), así como de Ramiro Ruiz Flores, presidente de la Mesa Directiva al tratar de aprobar este proyecto en medio de una controversia jurídica por ilegal destitución e inhabilitación de cinco diputados, violando una suspensión provisional de amparo, que cobra vigencia cuando se decreta y no se notifica. Violando también una suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ordeno a inicios del mes de junio, que el Congreso del estado se integrara con los 21 diputados que tomamos protesta el 31 de agosto de 2018″, dijeron.
Los diputados recordaron que fueron suspendidos de sus funciones por parte de los diputados de Morena y “aliados”. Esta suspensión -y controversia- continúa vigente hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no emita sentencia. Por lo tanto, cualquier publicación, decreto o tarea legislativa carece de validez.
“Pero lo peor es que el Congreso del estado no se encuentra integrado por sus diputados propietarios que tomamos protesta el 31 de agosto para iniciar labores el 1 de septiembre de 2018. Por ello, toda aprobación que se hagan con la conformación del actual pleno legislativo es sujeto a que sea nulo, y sería muy grave que la autorización del proyecto de la desoladora de Cabo San Lucas se caiga por la terquedad y el empecinamiento de los diputados de Morena, PT y sin partido de seguir utilizando al Congreso del estado para hacer política electoral, aniquilando a los voces opositoras”.
De acuerdo con los ocho diputados, “lo más responsable es que esta aprobación se aplace unos días más, hasta en tanto los juzgados federales del Poder Judicial de la Federación, y los ministros de la SCJN determinen sobre la legalidad o ilegalidad de la actual conformación del pleno legislativo del Congreso del estado. Lo más responsable es que el proyecto de la desaladora se apruebe sin ningún vicio legal. Lo más responsable es que el Ayuntamiento de Los Cabos, Congreso del estado y Gobierno del estado vayamos juntos ante la Federación por un proyecto que dotara de 250 metros cúbicos de agua por segundo a los sanluqueños”.
